El crimen de Cuenca se convirtió en la única película secuestrada en la democracia española, y Miró fue la última persona juzgada por un tribunal militar por una obra de ficción.
Tras pasar por tribunales ordinarios y el Tribunal Supremo, la película fue finalmente autorizada en 1981 y se reestrenó con gran éxito, consolidándose como un caso de referencia en la libertad de expresión cinematográfica en España.
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